Es un trío con una larga historia, sin prestigio, malquerido por muchos, pero también con adeptos. Su acción ha sido hasta ahora difícil de erradicar. Vecinos, carreros y basura conforman, por cierto, una mala fórmula para la higiene de la ciudad, aunque los dos primeros ostentan el triste mérito de ser fundadores de basurales. En San Miguel de Tucumán, hay más de un centenar de depósitos de residuos que se renuevan constantemente. Uno de ellos, por ejemplo, yace en la calle Thames al 700, entre Santa Fe y Marcos Paz.
Vecinas del barrio El Bosque explicaron que los carreros dejan allí los desperdicios, ya sea basura o lo que sobra de las construcciones en las que trabajan por el barrio. Cuando llueve el agua se estanca, comienzan a proliferar mosquitos, y se llena de alimañas. Como consecuencia de los malos olores hay familias que viven encerradas. Contaron que los camiones de la empresa 9 de Julio levantan sólo las bolsas de residuos y el resto queda esparcido en la vereda del club Central Norte. Dijeron que en la Dirección de Urbanidad e Higiene del municipio nadie atiende ni responde sus reclamos. "Cada sábado actúan con total impunidad, a plena luz del día. Una vez amenazaron con un palo a mi cuñado cuando él les fue a reclamar en el momento en que tiraban la basura. Les tenemos miedo; muy pocos se animan a denunciarlos o a decirles algo", contó una de ellas.
Esta es, ciertamente, una historia de vieja data que se inició en 1984, con la promulgación de la ordenanza 374 que prohibió la circulación de vehículos de tracción a sangre en una buena parte del ejido municipal. En 1997, los ediles instaron al intendente a que efectuaran los controles correspondientes. En diciembre de 2007 informamos que alrededor de 600 carros tirados por caballos, de un total de 2.000 que circulaban en el Gran San Miguel de Tucumán, habían ingresado en la legalidad y que sus propietarios podían trabajar sin riesgo de que les secuestraran los vehículos, según la división de Delitos Rurales y Ecológicos de la Policía provincial. A tal efecto se pintaba la patente en los costados del vehículo y se registraba al propietario del carro y el caballo. De esta forma se detectaría a los infractores de la ley que prohíbe arrojar basura en la vía pública. La Policía informó en ese momento que en la provincia había unos 14.000 carros, cifra que equivalía en ese momento al 6% del parque automotor tucumano.
El 29 de abril de 2008, el titular de esa división de la Policía provincial que propuso empadronarlos, señalaba: "Se calcula que actualmente unos 5.000 carros circulan por el Gran San Miguel de Tucumán. La cifra se ha incrementado en los últimos tiempos porque cada vez más familias pobres se dedican a la actividad, puesto que obtienen entre $15 y $30 diarios a cambio de la basura recuperable. La mayoría ingresa a la capital desde otros municipios, especialmente de Tafí Viejo, de Lastenia y de La Banda del Río Salí".
Como se sabe, la mayoría de los carreros vive de recoger basura y escombros de las casas; muchos levantan plásticos o cartones que luego venden y lo que recaudan es el único ingreso de la familia. Han transcurrido 28 años de la ordenanza 374 y todo sigue como era entonces. Muchos vecinos siguen dándoles la basura a los carreros, que las arrojan en vaciaderos clandestinos; y las autoridades siguen sin solucionar este problema social.